Acordada o no, la captura de Ismael «El Mayo» Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, revela una realidad indiscutible: la desconfianza de las autoridades estadounidenses hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el rechazo a su lema de “abrazos, no balazos”.
También pone de manifiesto la ineficacia de los servicios de inteligencia del Estado mexicano, ahora bajo control militar. No se enteraron, según lo dicho el viernes pasado por la secretaria de Seguridad y futura secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Si fue una detención acordada, las negociaciones y circunstancias de la entrega habrían sido entre Zambada y las agencias de seguridad de Estados Unidos, sin involucrar a ninguna autoridad mexicana.
Si, como afirmó el abogado Frank Pérez al diario Los Angeles Times –quien fue presentado como defensor del narcotraficante– Zambada fue llevado a Texas en contra de su voluntad, sería aún peor, ya que estaríamos ante una operación extraterritorial por parte de Estados Unidos.
Lo mismo aplica si fue llevado mediante engaño o traición, ya que mostraría una maquinación orquestada en otro país para detener a un ciudadano mexicano y juzgarlo en su territorio sin el consentimiento de México, violando el tratado de extradición entre ambos países y el derecho internacional.
En cualquier caso, la doble detención demuestra que los límites impuestos a la DEA, tan proclamados por López Obrador y por Marcelo Ebrard, no funcionaron. El Departamento de Justicia es más que la DEA.
A pesar de que esta agencia se entrometió hasta la ignominia durante el gobierno de Calderón, reducir la agenda del narcotráfico con Estados Unidos a ponerle controles a la DEA y a defender la soberanía revela que la administración de López Obrador pretendió que su retórica –de los abrazos aplicada a los mexicanos– también le permitiría administrar la relación con Washington entregando a ciertos narcotraficantes.
Cuando ocurrió la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, el general retirado Salvador Cienfuegos, en Los Ángeles, el presidente utilizó ese discurso a pesar de que su gobierno sabía que la DEA estaba investigando al extitular de la Sedena. Esta vez, dice que se enteró después.
Después del golpe, Estados Unidos recurrió a un discurso mordaz. En voz del embajador Ken Salazar, agradeció a López Obrador que su gobierno haya entregado a la justicia estadounidense a Rafael Caro Quintero, Ovidio Guzmán López, otro hijo del Chapo, y a Néstor Pérez Salas, «El Nini», jefe de seguridad de Los Chapitos. Para amortiguar el impacto, Salazar dijo que la detención era por el bien de ambos países.
«Al cierre de su administración, López Obrador recibe un golpe de Estados Unidos. Sin su intervención, el Departamento de Justicia tiene ahora a dos de los hombres que señala como parte de los responsables de la crisis de consumo de fentanilo que sufre ese país.»
Aunque de antemano el líder del cartel de Sinaloa se declaró inocente de las acusaciones de tráfico de fentanilo, lavado, secuestro, uso de arma de fuego y conspiración para asesinar, el caso apenas comienza.
Un escenario probable es que busque un acuerdo con la justicia estadounidense, como lo hizo su hijo Vicente, quien después de declararse culpable de narcotráfico y pasar algunos años en prisión, ahora vive en libertad en Estados Unidos como testigo colaborador.
A sus 74 años, Zambada tiene mucho que decir sobre la relación que mantuvo durante décadas con autoridades civiles y militares de todos los signos políticos, de antes y de ahora.
