Este martes, la Unión Europea ha dado el visto bueno definitivo a la ley de inteligencia artificial, la cual se implementará de manera gradual hasta 2026, cuando entrará en vigor por completo.
“Un hito histórico”, expresó Mathieu Michel, secretario de Estado de Digitalización de Bélgica, país que actualmente ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea.
A partir de noviembre, se prohibirán los sistemas de inteligencia artificial que clasifiquen a las personas según sus creencias políticas, religiosas, filosóficas, su raza o su orientación sexual.
También se vetarán los sistemas que asignen puntuaciones a las personas basándose en su comportamiento o características personales, así como aquellos diseñados para manipular el comportamiento humano.
Además, quedarán prohibidos los sistemas que creen o amplíen bases de datos faciales recopiladas de manera indiscriminada a través de internet o de grabaciones audiovisuales.
No obstante, la normativa permite excepciones: las fuerzas de seguridad podrán utilizar cámaras de identificación biométrica con autorización judicial para prevenir amenazas terroristas inminentes.
Este fue uno de los puntos más controvertidos en las negociaciones entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros, quienes argumentaron la necesidad de permitir ciertos usos para garantizar la seguridad nacional. Así, estos sistemas también podrán utilizarse para localizar a los responsables de delitos de terrorismo, tráfico de personas, explotación sexual, y para encontrar a las víctimas.
Dentro de un año, entrarán en vigor los criterios de transparencia para los sistemas de inteligencia artificial generativa, un tema de gran debate especialmente con el auge de programas como ChatGPT.
Estos modelos deberán indicar claramente si un texto, canción o fotografía ha sido generado mediante inteligencia artificial y asegurar que los datos utilizados para entrenar a estos sistemas respeten los derechos de autor.
En líneas generales, la normativa regula el uso de la inteligencia artificial en función del riesgo que representa para las personas, identificando sistemas de alto riesgo que solo podrán utilizarse si se demuestra que respetan los derechos fundamentales.
Por ejemplo, los sistemas que podrían influir en el resultado de unas elecciones o los que utilizan las entidades financieras para evaluar la solvencia y establecer la calificación crediticia.
Aquellos que incumplan la normativa enfrentarán multas que van desde 35 millones de euros (37.6 millones de dólares) o el 7% del volumen global de negocios de la empresa, hasta 7.5 millones de euros (8 millones de dólares) o el 1.5% del volumen global de negocios.
