El expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) enfrenta una imputación por supuestas irregularidades en la contratación de seguros durante su mandato. Según la denuncia, se le acusa de malversación de fondos y abuso de autoridad.
La investigación, liderada por el fiscal federal Ramiro González y supervisada por el juez Julián Ercolini, implica también a Alberto Pagliano, exdirector de Nación Seguros, y a Héctor Martínez, quien tiene vínculos familiares con una secretaria de Fernández.
El fiscal solicitó pruebas documentales relacionadas con las contrataciones, que supuestamente obligaban al sector público a contratar exclusivamente con Nación Seguros. Se señala que este esquema también se aplicó en el Ministerio de Seguridad.
La presunta trama fue revelada por el periódico ‘Clarín’, que afirma que la aseguradora subcontrató a un intermediario beneficiado con una comisión tres veces mayor al estándar del mercado. Se estima que estas comisiones generaron ganancias mensuales de 300 millones de pesos argentinos.
Se sugiere que Pablo Torres García, de ANSES, y Martínez podrían haber sido intermediarios beneficiados por estas contrataciones.
Fernández ha negado las acusaciones, afirmando que no participó en ningún negocio ilícito durante su presidencia. Ha instado a investigar sus declaraciones juradas y la posible implicación de su familia enriqueciéndose. Atribuye la denuncia a una «operación» sin profundizar en sus posibles instigadores.
Explica que en 2021 promulgó una norma para acabar con los negocios de seguros en el Estado, asegurando que todos los bienes y riesgos se contrataban directamente con Nación Seguros, eliminando así posibles intermediarios.
